Las motos con mochilas de reparto y los autos que trabajan mediante aplicaciones forman parte desde hace algunos años del paisaje cotidiano de Tucumán. Detrás de esa transformación que se percibe en las calles hay un fenómeno económico y laboral profundo. Miles de personas encontraron en esas actividades una posibilidad de generar ingresos frente a un mercado de trabajo que tiene dificultades para ofrecer empleos registrados y estables.
Un informe del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario permite dimensionar esa realidad. Elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, el estudio ubica al Gran Tucumán-Tafí Viejo entre los aglomerados urbanos con mayores niveles de informalidad laboral del país. Sólo el 43,8% de los ocupados tiene un empleo formal. Esto significa que el 56,2% trabaja en la informalidad, casi 12 puntos por encima del promedio nacional. Entre las 32 jurisdicciones analizadas, Tucumán ocupa el puesto 31 en formalidad. Presenta el peor registro del Noroeste.
La situación adquiere otra dimensión cuando se observa el trabajo por cuenta propia. El 26% de los ocupados tucumanos pertenece a esta categoría y, dentro de ese universo, la informalidad alcanza el 87,6%. El porcentaje supera el promedio nacional, que se ubica en el 65,3%.
Estos números ayudan a explicar un cambio que puede observarse todos los días. Más de 8.500 conductores trabajan actualmente en servicios de transporte mediante aplicaciones en Tucumán y más de 2.200 personas realizan tareas de reparto. Son más de 10.000 trabajadores vinculados a actividades que crecieron rápidamente y que ofrecen una alternativa inmediata para obtener ingresos.
Sin embargo, detrás de esa flexibilidad aparecen interrogantes que el mercado laboral argentino todavía no ha conseguido resolver, según los especialistas. Quienes desarrollan estas tareas suelen aportar sus propios vehículos, afrontar los gastos de combustible y mantenimiento, pagar la conexión telefónica y asumir los riesgos de accidentes o enfermedades. En numerosos casos carecen, además, de aportes previsionales, vacaciones pagas, cobertura frente a accidentes laborales y otras protecciones asociadas tradicionalmente al empleo registrado. Además, el fenómeno excede ampliamente a las aplicaciones. Hay un marco general en la provincia que agrava el panorama. El comercio tucumano registra una informalidad del 70,4%, frente al 54,7% nacional, mientras que en la industria provincial llega al 58,4%, cuando el promedio del país es del 40,8%. También hay una franja de trabajadores que se desempeña dentro de establecimientos formales, pero permanece sin registrar: representa el 17,2% de los ocupados tucumanos.
El desafío de las políticas públicas y del sector privado consiste en acompañar esos cambios sin cerrar oportunidades de trabajo y, al mismo tiempo, encontrar mecanismos que permitan ampliar la cobertura social, facilitar la formalización y saldar esta deuda.